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En 2016, Belice tenía la prevalencia más alta de VIH entre adultos en toda América Latina y la cuarta más alta en el Caribe. Apenas el 36% de las 4.300 personas con VIH están bajo tratamiento antirretroviral y la adherencia sigue siendo un gran problema: solo el 52% de los pacientes continúan tomándolo tras los 12 primeros meses. Los hombres que tienen sexo con otros hombres, trans, trabajadoras sexuales, personas privadas de libertad y jóvenes son los más afectados por la epidemia y por el estigma y la discriminación, tanto social como institucional.
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Gracias en gran parte al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que dependen de una financiación internacional que está ahora desapareciendo, estas poblaciones tienen acceso a programas de prevención y se benefician de los cambios en las políticas y la legislación que promueven sus derechos humanos. A pesar de todo, la respuesta del Gobierno sigue siendo débil: aún existen leyes y políticas discriminatorias para las poblaciones clave (que generan barreras para acceder a programas de tratamiento y prevención) y hay una falta de inversión doméstica en la lucha contra el sida.
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