Ayer, en el primer día de la Conferencia Mundial de Sida, que se celebrará en Ámsterdam del 23 al 27 de julio, se organizaron dos sesiones coordinadas por la organización Salud por Derecho para presentar la campaña NADIE, gracias a la colaboración de GNP+ y al GFAN, que nos ofrecieron sendos espacios en sus stands en horarios de mañana y tarde. 

Las sesiones, abiertas al público de la Conferencia, estuvieron coordinadas por Vanessa López, directora de Salud por Derecho, que fue la encargada de dar los detalles generales de la campaña y de presentar a los diferentes participantes. Tras la introducción y el visionado de los vídeos de la campaña, se pasó a escuchar los testimonios de dos representantes de la sociedad civil panameña y paraguaya, países participantes de NADIE.

Juan Domingo Centurión, Dir. Ejecutivo del Centro de Investigación y Educación Sexual "Ñepyru”, habló de la situación de la pandemia y las poblaciones clave en Paraguay y de la pertinencia y la utilidad de la campaña en su país. Jaime Luna, Director Ejecutivo de Grupo Génesis Panamá, expuso los riesgos de la respuesta al sida en Panamá sin la financiación internacional y denunció la falta de compromiso de su gobierno.

En la sesión de la tarde también participó un representante de la sociedad civil colombiana, Miguel Angel Barriga, director corporación Red Somos, quién expuso la situación de la respuesta al sida en Colombia, los riesgos que corrían si la ayuda internacional desaparecía y las diferentes formas de afrontar la sostenibilidad por parte de la sociedad civil.

Ambas sesiones contaron con un aforo casi completo, y fueron clausuradas tras una ronda de preguntas y debate con el público asistente. 

La campaña NADIE, apoyada por más de 50 organizaciones, comenzó ayer su andadura por América Latina y el Caribe tras su lanzamiento en Panamá durante el CandleLight Memorial o Vigilia Mundial, en recuerdo a todas las personas que murieron a causa del sida, y llegará proximamente a países de la región como Belice o Paraguay, que, al igual que Panamá, ya cuentan con informes propios para la campaña. 

La campaña NADIE denuncia desde su lanzamiento en diciembre de 2017 el descenso de la financiación internacional contra el VIH/sida y la falta de compromiso de muchos gobiernos a la hora de hacer frente a la pandemia dentro de sus fronteras, dejando de lado a las poblaciones más vulnerables al virus (hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, poblacion trans, usuarios de drogas inyectables, etc) y a las organizaciones sociales que trabajan con ellas. 

Por eso, la campaña NADIE pide a los gobiernos de América Latina y el Caribe un incremento en los presupuestos de salud y lucha contra el sida, especialmente los orientados a las poblaciones clave; un compromiso para darle continuidad a los servicios que estaban siendo financiados por la ayuda internacional; un apoyo mayor a las organizaciones sociales para que puedan seguir desarrollando su trabajo de prevención y atención a las poblaciones más vulnerables; y una legislación que proteja los derechos humanos de su ciudadanía, eliminando el estigma y la criminalización, y garantizando a todas las personas el acceso a la salud y a los medicamentos.  

Con la idea de seguir sumando apoyos durante los próximos meses, la campaña NADIE pretende conseguir que todos cumplan su papel en la lucha contra el sida: si los Gobiernos desaparecen, si los donantes desaparecen, si la sociedad civil desaparece, no podremos acabar con el sida. Es una responsabilidad compartida por todos: nadie puede desaparecer.

Promovida por Salud por Derecho y apoyada por organizaciones de todo el mundo -especialmente de América Latina y el Caribe-, la nueva campaña denuncia la falta de financiación para la lucha contra la pandemia y alerta sobre la salida de la ayuda internacional en países de renta media, donde vive más de la mitad de las personas con VIH. Las poblaciones más vulnerables y las organizaciones de la sociedad civil son las más afectadas.

Pese al compromiso firmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de poner fin a la pandemia de VIH para 2030 y no dejar a nadie atrás, gobiernos de todo el mundo están olvidando a millones de personas con sus legislaciones discriminatorias, sus políticas domésticas de salud o con sus programas de cooperación.

En la semana del Día Internacional del sida, la campaña NADIE denuncia a través de un nuevo informe que la financiación para la lucha contra el sida está en su nivel más bajo desde 2010. Una de las consecuencias es la disminución o la retirada de la ayuda internacional de los países que pasan a ser de renta media, donde vive entre el 60 y el 70% de las personas con VIH. 

A nivel global, las poblaciones más afectadas por el VIH son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las trabajadoras del sexo, los usuarios/as de drogas inyectables, la población reclusa o la población indígena, que tienen un riesgo entre 10 y 50 veces mayor de adquirir el VIH que el resto de los adultos. En 2015, fuera del África subsahariana, estas poblaciones clave y sus parejas sexuales representaron más del 80% de las nuevas infecciones por el VIH.

Estos grupos sufren en muchos países una grave violación de sus derechos humanos. El estigma, la discriminación y la falta o el no cumplimiento de legislación que proteja sus derechos, provocan una vulnerabilidad añadida que dificulta su acceso a los programas de prevención y tratamiento. En América Latina, aunque estas poblaciones cuentan con la mayor carga de la enfermedad, tan solo acaparan el 2% de la inversión en prevención.

El estigma y la discriminación social y política que enfrentan estas personas hacen que la mayoría de los programas de prevención y apoyo dependan de la ayuda internacional. Además, el fin de estos recursos pone en peligro las actividades de muchas organizaciones sociales que cubren servicios esenciales de prevención, y sobre las que recae el trabajo legislativo para defender los derechos humanos de estas poblaciones. Tendrán que limitar o cerrar sus programas si el gobierno local no asegura su continuidad.

Los países donantes y organismos de cooperación y financiación internacional están centrando sus prioridades en los países de rentas más bajas, bajo la premisa de que los países de rentas medias pueden asumir la lucha contra el sida con sus propios recursos. Pero esto no siempre es así, y puede echar por tierra los grandes avances conseguidos en las últimas décadas. Las decisiones de financiación basadas en la renta no tienen en cuenta otros factores determinantes como la capacidad técnica, la voluntad política de los gobiernos a la hora de aplicar recursos y políticas adecuadas para abordar el sida, o la situación política y legislativa de las poblaciones más vulnerables.

Esta problemática afecta sobre todo a regiones con mayoría de países de renta media como Europa del Este y Asia Central, donde las nuevas infecciones aumentaron un 60% entre 2010 y 2015, coincidiendo con la retirada de fondos internacionales. Y amenaza ahora a América Latina y el Caribe, donde algunos países comienzan a sufrir la retirada de la ayuda. En Belice, por ejemplo, tan solo el 36% de los recursos para responder al VIH viene de fondos domésticos, y el programa de lucha contra el sida de EEUU, PEPFAR, comenzó un proceso de salida de la región en 2014 que, con la excepción de Jamaica, terminará en 2019.

España es otro de los países que ha recortado de forma drástica su financiación para el sida. Pese haber sido uno de los mayores donantes del Fondo Mundial durante la década pasada, y a pesar de que hay un acuerdo parlamentario para que aporte 100 millones de euros, el Gobierno tan solo ha firmado un convenio de conversión de deuda de 15 millones con tres países africanos y el Fondo Mundial. Desde 2011, España no desembolsa recursos a este organismo.

La campaña NADIE pide a los países donantes y organismos internacionales, como el Fondo Mundial, que establezcan una ayuda coherente basada en nuevas realidades y en la justicia social, que apoyen a la sociedad civil como eje fundamental de la respuesta y que los procesos de salida de los países vayan acompañados de transiciones responsables, asegurando que los gobiernos asumirán su responsabilidad y cumplirán con los derechos humanos de toda su población, especialmente a las poblaciones más vulnerables que viven con VIH.

Por otro lado, pide a los gobiernos de América Latina y Caribe un incremento en los presupuestos de salud y lucha contra el sida; un apoyo mayor a las organizaciones sociales para que puedan seguir desarrollando su trabajo de prevención y atención a las poblaciones más vulnerables; y una legislación que proteja los derechos humanos de su ciudadanía, eliminando el estigma y la criminalización, y garantizando a todas las personas el acceso a la salud y a los medicamentos. 

La campaña NADIE pretende conseguir que todos cumplan su papel en la lucha contra el sida. Si los Gobiernos desaparecen, si los donantes desaparecen, si la sociedad civil desaparece, no podremos acabar con el sida. Es una responsabilidad compartida por todos: nadie puede desaparecer.